A causa de la pandemia causada por el Covid-19 que actualmente ha paralizado el mundo, uno de los sectores que se ve más afectado por las circunstancias es el sector económico. Según el DANE, en Colombia el 47,7% de la población genera ingresos de manera informal o independiente. Aunque las medidas preventivas por parte del Gobierno Nacional implican permanecer en cuarentena y no salir a las calles para evitar la propagación del virus, son millones de familias las que dependen del sustento diario que estas ventas les generan.
Foto por: Getty Images
El Instituto para la economía social (IPES) ratificó que la totalidad de la población que subsiste a través de la informalidad será apoyada por las entidades gubernamentales, sin embargo, una gran parte de esta población asegura que aún no ha recibido ningún tipo de ayuda o subsidio por parte del gobierno. Así mismo, algunos vendedores afirman que le temen más a ver morir de hambre a su familia que a arriesgar su salud frente a la complicada situación con el Coronavirus. Pero, como lo indica el Analista Político Luis Agudelo en una entrevista realizada para la emisora Radio Rumbo, no solamente el vendedor informal es el que venden en las calles sino también todos aquellos que venden desde sus casas distintos productos que son de primera necesidad para las personas, negocios los cuales no pueden poner en funcionamiento debido a la cuarentena y sus medidas de seguridad.
Por estas razones han surgido diferentes iniciativas por parte de entidades no gubernamentales, empresas privadas y algunos personajes influyentes para brindarles una ayuda, ya sea económica o alimenticia, a estas familias y a la población de adultos mayores durante el tiempo que dure el país en cuarentena. Para bien o mal la desigualdad en Colombia se vive de igual manera con o sin la crisis por la pandemia como se pudo evidenciar hace unos días con la entrega de los subsidios, en donde se vieron beneficiadas personas con mejores condiciones de vida que otras.
¿Cómo afecta la paralización de las ventas informales e independientes a la economia del pais?
Damian Forero, economista egresado de la Universidad de los Andes y actual asesor de proyectos de la alcaldia de Chia, afirma que el parar este tipo de ventas implica más gastos para el estado y que los gastos públicos, los subsidios y todo tipo de ayuda en general se traduce en un mayor crecimiento en los índices de corrupción para el país, abriendo camino a temas como el desvío de recursos como se ve reflejado en estos momentos en municipios como Ibague, Ocaña, Casanare entre otros. En los cuales se han visto contratos que duplican sus valores a lo que realmente costaron. También corrupción por parte de las entidades públicas y la malversación en los precios relativos de ciertos productos en los grandes almacenes de cadena.
Esta situación también implica un alza en la tasa de desempleo a nivel nacional dicho por Luis Agudelo, analista Politólogo, donde aseguraba que el desempleo para febrero estaba en un 12.5% según el DANE y que al día de hoy ya presenta un alza del 20%, lo que afecta muy gravemente a la economía en el país. Teniendo en cuenta que si crece la cantidad de personas en condición de desempleo disminuye el consumo y la demanda de los productos, de igual manera se ve afectada la producción, la empleabilidad y en última instancia el flujo de la actividad económica, encaminando así a los desempleados a recurrir a la informalidad.
¿Cuánto nos hace falta por vivir en Colombia económicamente hablando?
Aún sabiendo que la cuarentena se extiende y que todos los días las noticias nos muestran los índices que indican que la economía, no solo del país sino del mundo en general, va en decadencia. Esta crisis genera más gastos para el gobierno quien se ve en la obligación de socorrer a la ciudadanía, para cubrir todos los gastos se recurre a generar deudas con otros países las cuales terminarán sumándose a los impuestos y demás formas de recaudo en el país para más adelante poder nivelar lo que hasta hace dos meses era la economía actual, pero con el crecimiento en los índices de corrupción que se han evidenciado en los últimos días la situación económica del país se complica aún más.
Foto por: Johan Osorio (EH)
“AL CAÍDO CAERLE”
Para nadie es un secreto que esta crisis ha sido una desgracia y más para quienes no alcanzan las diferentes ayudas que el gobierno ha implantado donde su objetivo es cubrir las necesidades básicas de las personas que ocupan el territorio colombiano en esta cuarentena. Pero no es una desgracia en cuanto a cómo ha afectado el virus en la cotidianidad, sino una desgracia en cuanto a cómo aprovechan algunos gobernantes aprovechan y sacan tajada de la situación, este es el único delito que permanece estable durante esta pandemia. Hace pocos días el gobierno nacional, a través del ministerio de hacienda, protocolizó la creación del programa “Ingreso solidario” a través del decreto 518 del sábado 4 de abril, como lo indica El Tiempo en su sección economía solidaria. Esto con el fin de atender las necesidades de hogares informales en condición de pobreza y vulnerabilidad pero que no estaban inscritos en otros programas sociales recibiendo un monto de $160.000 pesos.
Pero la problemática inició cuando varios usuarios encontraron inconsistencias en la página del DNP al ingresar cédulas con números al azar los cuales salían beneficiados, luego de ello en una entrevista realizada por Caracol radio al registrador Nacional Alexander Vega afirmó que la Registraduría Nacional revisó cerca de 2’648.772 cédulas encontrando 16.844 inconsistencias, entre ellas cédulas de personas ya fallecidas y hasta tarjetas de Identidad registradas como cédulas autorizadas para reclamar el beneficio.
También números de cédulas que no han sido expedidas y otras que han sido canceladas por alguna razón esto generó mucha polémica ya que concluyen el desvío de los recursos.
Otra de las polémicas que se ha presentado desde días pasados es la corrupción en contratos hechos por las diferentes Gobernaciones a nivel nacional casos como la compra de camillas en Yopal Casanare, camillas que costaban alrededor de $1’000.000 facturadas por $8’000.000, o los mercados realizados en Santander que elevaban sus valores a un 200% o en La palma Cundinamarca a un 336%, estos son unos de los pocos casos presentados y denunciados por diferentes habitantes de varias regiones.
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